Coordinación judicial y mediación, cruciales en el «drama» de los desahucios

La coordinación judicial y la mediación entre las partes implicadas en los procesos hipotecarios resultan cruciales a la hora de atajar el «drama social» de los desahucios, según han advertido hoy algunos de los expertos participantes en el primer congreso nacional sobre esta materia celebrado en Granada.

Según ha explicado Miguel Olmedo, decano de la Facultad de Derecho de Granada, que acoge este encuentro, el congreso pretende ser un foro de debate sobre un problema social «muy grave» que, a su juicio, necesita de respuestas legales como la reciente ley de protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que entró en vigor ayer tras su publicación en el BOE.

Para este experto, se deben plantear soluciones que sean legales pero también «materialmente justas», de modo que la respuesta pueda ser equilibrada entre la protección a los inquilinos que sufren los efectos «devastadores» de la crisis y los propietarios.

Entre esas posibles soluciones, en las que la coordinación judicial y la mediación entre las partes implicadas resulta crucial, plantea los arbitrajes que ya se están llevando a cabo desde colegios de abogados o la búsqueda de salidas como la dación en pago o la búsqueda de alquileres más económicos.

Según Olmedo, la mediación constituye sin duda alguna una salida «bastante equilibrada» para las partes, como la búsqueda de soluciones legales que algunos jueces ya están dictando, donde reconocen el derecho de los inquilinos a no ser desahuciados en determinadas circunstancias.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, que ha participado en la inauguración del congreso, ha señalado que los jueces deben ser «imaginativos» a la hora de hacer frente a un «drama social» y no pueden ser «insensibles» a una realidad y un problema «de mucha gente».

En este sentido, ha recordado que los jueces ya habían llamado la atención respecto a que España tenía un problema de protección de consumidores y de deudores hipotecarios en situaciones de exclusión social y que, ahora, tienen «mayor apoyo» legal que antes, cuando existían a su juicio algunas «lagunas legislativas».

«Tenemos que tratar de que esa (nueva) ley profundice en su aplicación para beneficiar a todos los colectivos», ha afirmado el presidente del alto tribunal andaluz, quien cree que actualmente se detectan «mecanismos de mayor sensibilidad social» frente a una «cultura del dinero».

Asimismo ha anunciado que se pondrá en contacto con los jueces decanos andaluces para trasladarles un acuerdo que insta al Servicio Común de Notificaciones a devolver órdenes inmediatas de desahucios a los juzgados para cumplir la ley de protección de deudores hipotecarios, lo que en la práctica implica la paralización de esos lanzamientos.

En el primer Congreso Nacional «Desahucios hipotecarios: un drama social y un problema legal» se han dado cita profesionales especialistas del mundo académico, judicial, registral, notarial y de las entidades financieras.

Además, han participado miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca PAH y las organizaciones de consumidores y usuarios para plantear las posibilidades legales, judiciales, registrales y notariales, con las que afrontar la situación dramática a la que se enfrentan hoy miles de personas.