Arbitraje o mediación fiscal, propuesta de los gestores administrativos

La enorme litigiosidad que existe hoy en día en el sistema tributario demuestra que ha fracasado y que es preciso introducir mecanismos como el arbitraje, la transacción, la mediación o la conciliación en las relaciones entre contribuyentes y Agencia Tributaria.

Así se afirma en el estudio Propuestas para disminuir la litigiosidad fiscal en España a la luz del derecho comparado, elaborado por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona, Luis Manuel Alonso González, por encargo del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña.

El informe muestra que cada año se supera un nuevo récord de reclamaciones y recursos en los tribunales económico-administrativos. Según los datos oficiales, hubo cerca de 225.000 impugnaciones en 2012. Además, el conjunto de estimaciones en la vía Contencioso-Administrativa (totales o parciales) de las reclamaciones y recursos presentados por los administrados fue muy elevado, rondando el 40 por ciento.

La Memoria de la Agencia Tributaria de 2012 desvela que el esfuerzo anual de los ponentes de los tribunales económico-administrativos (TEA) para dicho período se situaba en 783 resoluciones de media, lo que supone que cada día laborable un ponente debía resolver tres asuntos.

Como ejemplo de solución, ilustra que en 1999 en Italia se pusieron en marcha las Comisiones Tributarias Provinciales que ejercen la mediación. Había acumulados 2,7 millones de asuntos pendientes de resolución y cada año entraban en torno a 600.000 recursos nuevos. En menos de diez años estas cifras cayeron estrepitosamente. La entrada anual de recursos bajó hasta los 250.000 y el conjunto de los acumulados descendió a la mitad en 2000. Además, casi la totalidad de los accertamenti con addesione se vienen cobrando efectivamente.

Considera el profesor Alonso González, que «España no puede permitirse el lujo de que los enfrentamientos constantes y crecientes entre Administración tributaria y contribuyentes se desarrollen en un marco tan insatisfactorio». Por ello, aboga por abrir el sistema fiscal a nuevas vías que eviten el volumen de conflictividad y ayuden a asegurar una recaudación suficiente, justa y real.

Como conclusión, cree urgente e inaplazable la reforma de la regulación de las consultas tributarias acercándolas al sistema de los advance ruling, utilizada como condición previa al cierre de negocios en otros países, que supone tratamiento previo de la cuestión entre la parte interesada en obtener una respuesta y la Administración interpelada, muy lejos de la dinámica de las actuales consultas vinculantes de Tributos.

Además, propone reformar la normativa sancionadora, acabar con la normativa interpretativa y humanizar la Agencia Tributaria.

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