El 80% de las parejas rotas que recurren a la mediación en Euskadi evita los tribunales

Pocas parejas consiguen separarse de forma amistosa y civilizada. Sin llegar al extremo de protagonizar un remake de ‘La guerra de los Rose’, lo más habitual es que el deterioro de la relación impida a los excónyuges alcanzar fácilmente acuerdos sobre cuestiones tan importantes como la custodia de los hijos o el reparto de las propiedades en común. En muchos de estos casos, la ruptura suele acabar en un litigio ante los tribunales con el consiguiente aireo público de las intimidades de la pareja, lo que añade un coste emocional al difícil proceso, por no hablar del económico. Pero hay una alternativa que, además, no acarrea ningún desembolso para los interesados. Se trata del Servicio de Mediación Familiar, gestionado por el Departamento vasco de Empleo y Políticas Sociales, al que el pasado año acudieron 711 parejas vascas incapaces de ponerse de acuerdo a la hora de dar carpetazo a su relación; tras cuatro o cinco sesiones de trabajo con sus expertos, el 80% de ellas lograron aparcar sus rencillas y pactar una solución de mutuo acuerdo sin acabar en los juzgados.

Según los últimos datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, el pasado año se formalizaron en el País Vasco 1.603 divorcios de mutuo acuerdo y 2.788 contenciosos. En términos generales, la crisis económica ha estancado las cifras de separaciones en los últimos cinco años, si bien en el último trimestre del pasado ejercicio, los procesos experimentaron un ligero repunte. Separarse cuesta dinero, y muchas parejas rotas de hecho se mantienen juntas a efectos legales porque no podrían afrontar los gastos derivados de un divorcio.

Razones económicas y, al mismo tiempo, un «cambio cultural que se va afianzando poco a poco para desjudicializar los conflictos familiares» podrían explicar el considerable aumento registrado en el último año en la demanda de intervenciones de mediación, según reconoce el director de Política Familiar y Comunitaria, José Luis Madrazo. Según se desprende del último balance del servicio, correspondiente a 2012, el número de personas que solicitaron un arbitraje aumentó en torno al 35%. Por territorios, mientras en Bizkaia la demanda se incrementó en torno al 14%, en Gipuzkoa las intervenciones se dispararon más de un 40% debido, según sus responsables, a que se trata de un servicio «aún joven» ya que echó a andar a mediados de 2010 (en Bilbao existe desde 1996). En Álava, donde el aumento en la demanda ha seguido parámetros muy similares al del territorio guipuzcoano, 2012 ha sido el primer año en el que la asistencia se ha gestionado directamente desde el Gobierno Vasco tras depender en ejercicios precedentes del Ayuntamiento de Vitoria. Y por primera vez también, la intervención con los usuarios se ha desarrollado con idénticos criterios técnicos y profesionales independientemente de su territorio histórico de residencia. (…)